Corría el 17 de abril de 2012 cuando el gobierno argentino culminó su campaña de acoso y derribo contra la antigua Repsol-YPF con la estocada final; la expropiación de YPF.

El gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner declaró la sociedad de utilidad pública y expropió el 51% de las acciones de Repsol sobre su filial.

Por aquellas fechas las acciones de la petrolera española había perdido más del 50% de su valor en bolsa en lo que iba de año, y el gobierno español empezó a temer que la crisis de empleara por un inversor o gobierno oportunista para hacerse con una de las joyas de nuestro Ibex.

¿Qué tiene que ver YPF con el COVID?

No, el COVID no se inició en el yacimiento petrolífero de Vacamuerta, pero de aquel miedo del gobierno español nació el artículo 137 de la Ley del Mercado de Valores como hoy lo conocemos.

El artículo dice que en las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAs) formuladas de modo voluntario, cuando dentro de los dos años anteriores al anuncio relativo a la oferta concurra alguna de las circunstancias señaladas (que ahora comentaremos) el oferente deberá aportar un informe de experto independiente sobre los métodos y criterios de valoración.

Dentro de estar circunstancias, se encuentra que los precios de mercado, en general, o de la sociedad afectada en particular, se hayan visto afectados por acontecimientos excepcionales tales como por catástrofes naturales, situaciones de guerra o calamidad u otras derivadas de fuerza mayor.

¿Qué significa?

Que aunque la OPA sea voluntaria, deberá justificarse el precio y ese precio es susceptible de debate o discusión pero que el oferente nunca podrá lanzar la OPA a un precio inferior, lo que en la práctica deja al arbitrio de la Comisión y por ende de la Audiencia Nacional la autorización del precio de la OPA, previo informe contradictorio de quien lo quiera costear si se estima que la pandemia es una circunstancia, del mercado, en general, o de la sociedad afectada en particular, que determine que los precios se hayan visto afectados por acontecimientos excepcionales.

En conclusión, parece ser que sociedades como Sabadell, IAG o las hoteleras pueden vivir tranquilas estos meses, o por el contrario, que no es razonable entrar en Sabadell esperando una OPA a 0.4 euros (ejemplo inventado) porque posiblemente nunca se autorizaría.