Urbas reúne adhesiones por el 61,19% del pasivo ordinario y solicita la aprobación judicial de su convenio

Un paso decisivo en la reestructuración

Urbas ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid la documentación que acredita la suficiencia de adhesiones a su propuesta de convenio de acreedores. Con ese escrito, la compañía da por concluido el periodo de adhesiones y abre la fase en la que corresponde al órgano judicial resolver sobre la aprobación del acuerdo.

El respaldo comunicado alcanza 54,7 millones de euros de pasivo ordinario, equivalentes al 61,19% del total incluido en la lista de acreedores. Frente a esa posición, el pasivo vinculado a acreedores opositores suma 24,5 millones de euros, un 27,48%. La diferencia favorable a las adhesiones se sitúa, por tanto, en 30,13 millones de euros.

La proporción de apoyos permite considerar aceptada la propuesta a efectos del procedimiento concursal. No obstante, el hito conocido este jueves no equivale a una resolución definitiva: la aprobación judicial continúa pendiente y será la decisión del juzgado la que determine la eficacia formal del convenio.

Un calendario sin quita, condicionado por el proceso judicial

La propuesta plantea el pago íntegro de los créditos sometidos al convenio, sin quita. Según el calendario presentado, los créditos ordinarios se abonarían al finalizar el tercer año contado desde la aprobación judicial. Los créditos subordinados quedarían fijados para el último día del noveno mes posterior al pago completo de los ordinarios.

El plan incorpora además una posibilidad de anticipar pagos si la sociedad genera liquidez suficiente. En ese supuesto, el esquema prevé un desembolso del 10% al final del primer año, otro 15% al cierre del segundo y el 75% restante al término del tercero. Esta alternativa no altera el calendario de referencia, sino que queda sujeta a la evolución de la disponibilidad financiera de la compañía.

La presentación ante el juzgado se produce después de que Urbas solicitara concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2025. El avance actual ordena el siguiente tramo del proceso de reestructuración, pero no elimina la incertidumbre inherente a la fase judicial ni anticipa el sentido de la resolución que deba adoptarse.

La atención se desplaza a la resolución del juzgado

Para la compañía, el resultado de esta etapa será relevante porque delimitará el marco de cumplimiento de los compromisos con sus acreedores. La eventual eficacia del convenio dependerá de la aprobación judicial y, posteriormente, de la capacidad de ejecutar los pagos conforme a las condiciones previstas.

La magnitud del pasivo adherido sitúa el foco en la viabilidad del acuerdo y en la evolución operativa y financiera que Urbas pueda acreditar durante los próximos ejercicios. Por ahora, el hecho verificable es la consecución de las adhesiones comunicadas y la solicitud formal remitida al juzgado; cualquier conclusión sobre el desenlace del procedimiento deberá esperar a la correspondiente decisión judicial.