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Fuentes consultadas señalan que con este panorama, la administración concursal considera que forzar el regreso del auditor original es la opción más razonable para terminar la auditoría en marcha, evitar duplicar costes y proteger el interés de los acreedores en un concurso que se perfila como uno de los más complejos que ha afrontado el mercado español en los últimos años.

El conflicto con el auditor se enmarca además en un escenario mucho más amplio de litigios y tensiones internas. En su recurso judicial, la firma cesada detalla distintos episodios detectados durante su trabajo, desde la desaparición de acciones en autocartera hasta la supuesta manipulación de actas de la comisión de auditoría o la identificación de operaciones que acabaron siendo denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción.

La auditora designada por Urbas, Crowe, tendría que empezar el trabajo desde cero y el coste estimado del encargo asciende a 715.000 euros adicionales, una cifra que la administración considera difícilmente asumible para una compañía que, según su propio análisis, carece de liquidez.

La administración concursal respalda ahora su regreso por razones esencialmente prácticas y económicas. Según explica al juez, el auditor ya tiene prácticamente terminado su trabajo sobre las cuentas de 2024: el encargo está ejecutado en torno al 85%. Hasta la fecha ha cobrado unos 518.000 euros correspondientes a los últimos dos años y solo quedarían pendientes unos 126.000 euros, que el propio auditor ha aceptado convertir en crédito concursal dentro del procedimiento.

Urbas, en el Juzgado: «El auditor no quiso tragar con tres sapos»
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Urbas

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